Cárceles de México:

Atentados contra la dignidad humana

Cárceles de México: <br>Atentados contra la dignidad humana

La sobrepobación en los reclusorios es uno de los problemas más graves.

Patricia Guillén

septiembre 1 2011 07:19

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FONDEA el periodismo independiente

Los centros de reclusión en el país son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana: torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y hasta homicidios.

La sobrepobación en los reclusorios es uno de los problemas más graves.

Son innumerables y sistemáticas las violaciones a las garantías fundamentales y negación de los derechos humanos, por lo que es amplia la preocupación por las condiciones “indignas y denigrantes” en que vive la mayoría de las personas en situación de detención en México, señaló José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien dijo que de 1990 a 2010, la cifra de personas privadas de su libertad pasó de 90 mil a 220 mil.

Resaltó que, el sistema penitenciario del país se compone de 429 penales, de los cuales existe sobrepoblación en 212 y en algunos casos ésta es superior a 200%. En tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó 10 años atrás a la sobrepoblación en los penales del país no menor a 23%.

Rosario Marroquín atribuyó que de 222 mil personas presas en el país, 45 mil corresponden a delitos del fuero federal, de los cuales la mitad ya fueron sentenciados y el resto está sujeto a proceso. En tanto que hay 175 mil detenidos por delitos del fuero común: 105 mil ya con sentencia y unos 70 mil en proceso judicial. Del total de personas privadas de su libertad en el país, 5% son mujeres, a quienes se les imponen penas más severas que a los hombres por el mismo delito.

Además del exceso de población en las cárceles, la mitad de los reclusos se concentra en sólo 28 centros de detención, ubicados en los estados de Baja California, Jalisco, Estado de México, Puebla, Sonora y Distrito Federal.

Por su parte, Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), manifestó que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad. Afirmó que el sistema de justicia penal debe hacerse efectivo, de tal forma que las garantías constitucionales se cumplan a cabalidad en las personas que están purgando penas de prisión.

El Reclusorio Oriente, uno de los más grandes del país.

Indicó que la pena debería terminar con la sentencia del juez; sin embargo, en ocasiones ésta se agrava porque las autoridades penitenciarias deciden castigar, incomunicar o considerar a los presos como “de alta peligrosidad”, lo que atenta contra las garantías de los prisioneros y hace más grandes las penas que le fueron juzgadas.

En tanto, desde la dimensión psicosocial, referirse al impacto de la vida carcelaria en México, según Cecilia Santiago del Colectivo Ik´, es entrar al ámbito del sufrimiento humano, es hablar de la ruptura en los marcos de referencia previos como la seguridad, confianza, intimidad y comunicación.

Asimismo, es conocer de cambios drásticos, de vidas truncadas, proyectos de vida trastocados. Es estar entre la precariedad, la cotidianeidad limitada, es encontrar límites en diversos aspectos. Se trata de tolerar una alta frustración e impotencia. Y también de conocer capacidades y aptitudes que eran desconocidas.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, tras una visita al país a 24 centros de detención en el Distrito Federal y los estados de México, emitió en un informe en el 2009, en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva y fue hasta el 2010 que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el  Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En el informe, el Subcomité de la ONU “deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público”, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP, a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, provoca que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas.